Fredderi Moreno: De la legalidad y la legitimidad (a propósito del 20M)

Mérida, 28 de mayo de 2018.- Con frecuencia desde la visión iuspositivista del fenómeno del Derecho o fuera del ámbito filosófico y político (y en ocasiones dentro) se utilizan estos términos como sinónimos, incluso la Real Academia de la Lengua Española y la mayoría de los diccionarios no especializados exponen legal y legítimo como “conforme a la ley” y realmente, respecto a la legalidad, no hay duda alguna de su significado, mas en lo referente a la legitimidad, dentro de la doctrina jurídica existe discordancia, desde las luchas entre monárquicos y republicanos (y aún prevalece), en lo referente a la amplitud del término, lo que ha dificultado un concepto uniforme.

Para quienes entendemos al derecho desde una perspectiva más amplia al normativismo, es inexacto excluir de lo legítimo a otros elementos más allá de la norma jurídica, pues “La legitimidad o justicia de las normas jurídicas expresa concordancia o discordancia de esas normas con un determinado sistema de valores” (Bobbio, 1958). Y más allá se debe tener en cuenta que la legitimidad incluye además la idea de la “validez”, que debe ser entendida desde distintas perspectivas (formal, material y social) mientras que la idea de la legalidad está subordinada a la preexistencia de la norma jurídica, es decir, hay legalidad cuando determinado acto o hecho, se halla comprendido dentro de la esfera de un precepto jurídico.

La legitimidad, por otra parte, exige la ley, dictada por el órgano competente mediante el cumplimiento del procedimiento exigido para ello (validez formal), también el acatamiento y exigencia de los gobernantes y de los gobernados al sistema jurídico (validez social), así como el apego a los axiomas superiores que sustentan tanto al sistema jurídico como a la misma sociedad que lo ha creado (validez material). Por ello, se puede exponer que la legalidad es una parte de la legitimidad, entonces la legitimidad de un acto requiere de la legalidad del mismo, mas la mera legalidad de un hecho no es suficiente para tenerlo por legítimo, pues como hemos desarrollado, la legitimidad es más amplia como concepto, dado que debe atender a condiciones más allá del simple apego a la norma jurídica, pues se requiere además del reconocimiento del mandato, así como de la idea de justicia en dicho mandato que no son siempre los supuestos tácitos de la norma, como bien han desarrollado muchos autores distinguiendo entre la justicia y la ley.

Teniendo en cuenta lo anterior, es más fácil disipar las dudas de lo que pasó el pasado 20 de mayo en Venezuela, un ente que se “pretende” legal, actuó bajo un procedimiento preestablecido, y la maquinaria del Estado se puso a la orden para ejecutar lo que a fin de cuentas es un deber constitucional, “las elecciones”, pero ¿por qué se dio tan baja participación en dicho proceso? La respuesta es sencilla, la ilegitimidad que a todas luces tiene el ente que hace el llamado inicial, sumada a la ilegitimidad de los procesos realizados, degeneraron un proceso igualmente ilegitimo aunque aparentemente legal. Así pues, el llamado a elecciones que sí es un precepto constitucional, debe ser hecho por el ente competente, bajo el procedimiento preestablecido, pero siendo que el llamado lo realizó un CNE (con periodo vencido y por tanto ilegitimo) bajo el mandato expreso de un ente aún más ilegitimo (ANC) y no por medio de la presentación de un cronograma electoral, en consecuencia, el acto desde su origen es ilegitimo, aunque sea cubierto de aparente legalidad, de allí que el desconocimiento del llamado a sufragio y de los resultados por parte de la sociedad nacional (incluso los que participaron) e internacional de la supuesta elección no deba causar sorpresas, pues no cuenta con la validez social, formal, ni material que exige la legitimidad.

Ante la dificultad de hacer coincidir en un acto la supuestamente legalidad con la legitimidad, Radbruch ya señaló, que cuando la ley se hace insoportablemente injusta se debe atender a la justicia; así, nosotros los venezolanos, que nos encontramos en la disyuntiva, de atender a la pseudo legalidad o a la legitimidad, ya muchos autores han dado luces sobre el camino a seguir, nuestra misma naturaleza humana también las da, la historia de igual manera nos brinda ejemplos, no cabe duda que los valores sociales han de sobreponerse a los egos de actores individuales y a los planes de dominación de un grupo que aunque ilegitimo se apoya con el poder del Estado, disfrazando su acciones con una falsa legalidad. Por ello los que nos oponemos tenemos un camino, la UNIDAD, es decir, la ruta de acción conjunta, para que desde la legitimidad de nuestros deseos de bienestar social, cambiemos el gobierno que nos desgobierna, y pongamos al gobierno y la ley al servicio de la sociedad, así reintegraremos la legitimidad a la legalidad y más allá, comenzaremos a construir un verdadero estado de convivencia y bien común que es el deseo de cualquier ciudadano.