Primero Justicia fija posición ante los recientes anuncios de Héctor Rodríguez
Caracas, 15 de junio de 2026.- Desde Primero Justicia fijamos posición ante los recientes anuncios realizados por Héctor Rodríguez, quien actualmente actúa como vocero de la comisión encabezada por Delcy Rodríguez para la denominada reestructuración y reingeniería del gobierno.
En primer lugar, es necesario dejar claro que la situación de precariedad salarial; el deterioro de los servicios públicos; el crecimiento desordenado de la burocracia estatal; la proliferación de ministerios, viceministerios e institutos públicos son consecuencia directa de las decisiones adoptadas por quienes hoy ejercen el poder en Venezuela. La crisis administrativa y económica del Estado no puede atribuirse a los trabajadores. Sino a décadas de malas políticas públicas, corrupción, improvisación y destrucción de la capacidad productiva nacional.
La burocracia frena el avance
Ningún país puede avanzar hacia el desarrollo con una estructura gubernamental excesivamente burocrática, ineficiente y vulnerable a la corrupción. Sin embargo, las recientes declaraciones de Héctor Rodríguez parecen orientar la discusión hacia una conclusión equivocada: responsabilizar a los trabajadores públicos por una crisis que no generaron.
Resulta contradictorio afirmar que la nómina pública es insostenible cuando el salario mínimo equivale apenas a una fracción de dólar diario. Y cuando gran parte de la remuneración de los trabajadores se ha sustituido por bonos que no generan prestaciones sociales, antigüedad, utilidades ni seguridad económica para las familias venezolanas. La verdadera insostenibilidad radica en un modelo que ha pulverizado el salario, debilitado los derechos laborales y destruido los mecanismos de protección social.
Protección de los trabajadores
Si bien es cierto que el Estado requiere una profunda revisión institucional para corregir duplicidades, ineficiencias y desorganización administrativa; también es cierto que cualquier proceso de reforma debe colocar en el centro la protección de los trabajadores.
Pretender reducir masivamente las nóminas públicas sin un plan serio de reinserción laboral, capacitación y generación de empleo constituye una medida irresponsable; que trasladaría nuevamente el costo de la crisis a quienes menos responsabilidad tienen en ella.
Venezuela carece hoy de un equilibrio saludable entre el sector público y el sector privado. Durante años, la actividad productiva nacional ha sido golpeada por expropiaciones, intervenciones, amenazas de cierre, excesivas cargas tributarias y una permanente incertidumbre jurídica; lo cual ha limitado la inversión y la generación de empleo. A ello se suma la ausencia de políticas económicas que fortalezcan el sistema financiero y faciliten el acceso al crédito para emprendedores y PYMES.
Crear condiciones
Antes de plantear cualquier reducción significativa de personal en la administración pública; es indispensable crear condiciones reales para la absorción de esa fuerza laboral por parte del sector privado. Ello pasa por garantizar seguridad jurídica a los inversionistas; respetar plenamente el derecho de propiedad; eliminar el riesgo permanente de expropiaciones o declaratorias arbitrarias de utilidad pública sin indemnización justa; promover incentivos fiscales para la inversión productiva; y facilitar el acceso al financiamiento. Solo así podrán generarse empleos formales, productivos y con salarios dignos.
La experiencia demuestra que no se puede combatir una crisis económica destruyendo más puestos de trabajo. Por el contrario, la recuperación del país exige estimular la producción; atraer inversiones, fortalecer la empresa privada; y proteger simultáneamente los derechos de los trabajadores.
Defender el empleo
Nuestra posición es clara. Acompañaremos a los trabajadores venezolanos en la defensa de sus derechos laborales y del derecho constitucional al trabajo. Asimismo, impulsaremos las condiciones necesarias para la recuperación del aparato productivo nacional; la generación de empleos dignos; y la construcción de un modelo de desarrollo basado en el equilibrio entre el Estado, los trabajadores y los sectores productivos.
Por ello, hacemos un llamado al sector público, las organizaciones sindicales, al sector privado; y a todos los ciudadanos a unir esfuerzos en defensa del empleo, la producción nacional y el futuro de Venezuela.
El país necesita reformas responsables, no medidas que profundicen la precariedad de millones de familias.
Venezuela requiere crecimiento
¡No más crisis Social!