Paola Bautista de Alemán: Diálogos para la transformación de Venezuela (I Parte)
6 de agosto de 2026. En horas de la tarde se instaló la primera ronda del diálogo entre la Asamblea Nacional 2015 y representantes del gobierno interino. La fotografía que registró el momento fue sobria: toma horizontal, plano abierto y la bandera de Venezuela en el medio. Rostros circunspectos y miradas de expectativa.
Los encuentros extendieron hasta el 12 de agosto y este artículo es una aproximación en caliente a lo que ocurrió esos días. Quiero hacer una precisión antes de avanzar. No ofreceré juicios definitivos sobre el proceso. Es una noticia en desarrollo y sus resultados no se pueden anticipar.
Mi propósito es modesto. Identificaré elementos que ayuden a comprenderlo y me detendré en los resultados obtenidos hasta el momento. No pretendo agotar los temas ni tener la última palabra. Como es usual estas coyunturas: solo el futuro traerá lo que será definitivo.
La mesa y la fuerza
Para comenzar, veamos el mecanismo que está sobre la mesa: ¿cómo nació? ¿De dónde salió? La respuesta nos obliga a voltear la mirada hacia Washington.
Dinorah Figuera, presidente de la Asamblea Nacional 2015, ha reiterado que Estados Unidos ha sido el principal promotor de la iniciativa. Por su parte, el Departamento de Estado ha reafirmado su compromiso en siete pronunciamientos oficiales; la vocería ha estado a cargo del secretario Rubio en dos de ellos.
De esta manera, Washington diseñó un modelo de dialogo que se sostiene en la dimensión institucional de la Asamblea Nacional 2015. Recordemos que este parlamento es la última institución elegida antes de la ruptura definitiva del orden constitucional y durante años ha sido reconocida por Estados Unidos.
El impulso de la administración ha sido determinante. Después de 27 años, enfrentamos una negociación distinta, marcada por la presión de quienes se llevaron a Maduro el 3 de enero. Los herederos del chavismo-madurismo llegan a la mesa en un contexto en el que la fuerza forma parte del entorno dentro del cual se desarrolla el diálogo.
¿Quiénes están en la mesa?
En el diálogo hay tres actores: la Asamblea Nacional 2015, el gobierno interino de Delcy Rodríguez y Estados Unidos de América. Detengámonos en ellos.
Del lado de la Asamblea Nacional 2015 se sientan diez diputados que fueron víctimas de la represión de la dictadura. Cabría dedicar un reportaje a sus historias. Cada uno, a su manera y como pudo, logró sortear la prisión, sufrió el destierro e intentó rehacerse lejos del país.
Este dato biográfico contribuye al análisis. Quienes representan a la oposición no son políticos aburgesados en la Venezuela que simuló haberse arreglado. Ocurre lo contrario. Los convocados supieron entregarse a la lucha y asumieron con dignidad las consecuencias de su decisión.
Veamos ahora la delegación del gobierno interino. En ese lado de la mesa se ven rostros que han desfilado en procesos anteriores. Jorge Rodríguez vuelve a presidir el grupo. El hermano de la presidente encargada tiene en su haber un largo historial de violencia institucional y política. Cómo olvidar su desempeño en República Dominicana, en México o en Barbados.
Detengámonos en el rol de Estados Unidos de América. La administración ha hecho que la iniciativa sea una realidad al servicio de la reinstitucionalización del país. Ha dispuesto lo necesario para sentar a ambas partes y hacerlas partícipes de un proceso con normas claras, metas concretas y dinámicas acordadas.
Su presencia busca aportar garantías al proceso y articula la relación entre los actores. Aunque en sus comunicaciones oficiales Washington no se ha presentado formalmente como mediador, su actuación en el terreno revela que ejerce funciones propias de ese rol.
En la mesa también hay ausencias. El mecanismo no incluye a María Corina Machado, ni a Edmundo González. Estas exclusiones constituyen una debilidad del proceso instalado. Por eso, conviene analizarla desde la experiencia comparada.
Los procesos de transición rara vez comienzan con instituciones perfectamente representativas, reglas plenamente democráticas y actores investidos de una legitimidad incontrovertible. Si esas condiciones ya existieran, probablemente la transición no sería necesaria.
España ofrece un ejemplo conocido. La Ley para la Reforma Política que abrió el camino para transitar “de la ley a la ley” fue aprobada por las propias Cortes franquistas. En Chile, la transición se desarrolló dentro del marco institucional establecido por la Constitución de 1980.
No pretendo establecer equivalencias entre esos procesos y el nuestro. Las diferencias son evidentes. Lo relevante es lo siguiente: las transiciones suelen producirse en zonas grises, caracterizadas por la superposición de legitimidades, instituciones provenientes del antiguo orden y actores que buscan construir uno nuevo. Precisamente por eso son transiciones.
La primera ronda: transformación
El primer comunicado conjunto de la primera ronda se publicó el 6 de agosto. Su redacción fue institucional. Las partes hablaron de “respeto a la soberanía popular”, “protección de los derechos humanos”, “protección de los derechos políticos de todas las fuerzas”, “trato paritario en la mesa” y, probablemente la expresión más importante, “cumplimiento verificable de los compromisos”.
No son palabras menores. Son compromisos que difícilmente habrían podido aparecer en un documento acordado con el chavismo-madurismo seis meses atrás. Su incorporación refleja un cambio en las circunstancias políticas y en la correlación de fuerzas.
Veamos ahora los avances anunciados el 12 de agosto por la noche. De nuevo, se acudió a un comunicado conjunto institucional. Se comunicó la instalación de dos mesas técnicas. La primera sobre la atención a las víctimas de los terremotos. Y la segunda aborda el fortalecimiento de la democracia e incluye transformaciones en los sistemas electoral y de justicia.
Me detendré en lo que considero relevante: “transformación del sistema de justicia”. Me atrevo a decir que el uso de del verbo “transformación” no es producto del azar, sino fruto de la conciencia y la hondura política de nuestros delegados.
“Transformación” es la acción que utilizan los alemanes para referir lo que vino después del nacionalsocialismo y de la caída del muro de Berlín. Ellos no hablan de transición. Acuden al verbo “transformación” para denotar la profundidad de los cambios que se deben emplear para reconstruir una nación después de ser devastada. Por eso, cuando escuché “transformación” en la voz de Dinorah Figuera pensé en el alcance de los acuerdos y reafirmé que buscan la verdadera reinstitucionalización de Venezuela.
Lo suscrito marca el camino para nombrar nuevos magistrados en todas las salas del Tribunal Supremo de Justicia. No me detendré en los procedimientos consitucionales que darán cauce a la voluntad política, lo cual sería otro artículo. En este, profundizaré en la importancia que tiene este propósito.
Primero, la justicia
Durante décadas, el chavismo-madurismo encontró en el Tribunal Supremo de Justicia un espacio para juridificar el horror. De hecho, la ruta de desmantelamiento democrático en nuestro país comenzó por ahí, por el desmontaje del Estado de Derecho. Esta tarea llevó a la perversión del Estado y a la situación de precariedad violenta que padecemos los venezolanos.
De esa manera, el sistema de justicia dejó de honrar a la Constitución para servir al terror. Esa condición estructural es un obstáculo grave para la transformación democrática de nuestro país. Bajo ese contexto, pudiéramos hacer elecciones, ganarlas e incluso, experimentar una transferencia de poder. Pero, sin un sistema judicial leal al nuevo orden, haríamos aguas prontamente.
De ahí la relevancia de este primer acuerdo. El nombramiento de magistrados de todas las salas, de acuerdo con lo que establece la Constitución, les arrebatará a los herederos del chavismo-madurismo su principal herramienta autocrática y nos permitirá iradiar democracia a los demás poderes. Después de este paso, no podrán ir al TSJ a inventar sentencias que inhabiliten políticamente, que apresen injustamente, que se roben la elección o que expropien bienes.
El anuncio de ayer enumera cuatro pasos para llegar al destino señalado. Corresponderá a los delegados que integran la mesa técnica del Tribunal Supremo de Justicia establecer el cronograma de cumplimiento y hacerle el debido seguimiento. En esos detalles también se libra el futuro. Cada compromiso honrado será un bloque de democracia que nos ayudará a levantar la estructura del nuevo orden.
Corresponde finalizar, pero me quedan ideas en el tintero. Quisiera tener tiempo suficiente para ordenar, sistematizar y publicar con más celeridad. Cada jordana de trabajo vivida las últimas semanas ha traído lecciones políticas y humanas que espero abonen a nuestra larga historia de liberación. Lo que ocurrió el 12 de agosto es un gran avance y espero que sea el primero de muchos.
Este artículo se publicó originalmente en La Gran Aldea




