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José Alejandro Figueroa: Un nuevo TSJ no puede convivir con presos políticos

Caracas, 19 de noviembre de 2026.- Hay algo profundamente injusto, y hasta indignante, en hablar de transición democrática, de elecciones libres y de reconciliación nacional mientras más de 300 venezolanos siguen privados de su libertad por razones políticas.

A estas alturas, creo que todavía es necesario recordar que los presos políticos en Venezuela no son simplemente políticos presos: son personas. Civiles y militares que, por incomodar al poder en determinado momento, fueron sometidos a detenciones arbitrarias, encierro y, en numerosos casos, denuncias de tortura y malos tratos.

Según el último balance de Foro Penal, con corte al 9 de noviembre de 2026, son 321 personas: 181 civiles y 140 militares. De ellas, 171 ni siquiera han recibido una condena.

Detrás de cada una hay una familia que espera. Madres que no saben cuándo volverán a abrazar a sus hijos; hijos que crecen sin sus padres; esposas y esposos que siguen esperando una llamada todos los días. Hay venezolanos que llevan meses y, en algunos casos, años viviendo entre el encierro, la incertidumbre y el miedo.

¿De qué transición estamos hablando si todavía hay venezolanos que no pueden regresar a sus casas? ¿Cómo podemos pedirle al país y al mundo libre que crean en una nueva etapa democrática si las mismas injusticias que destruyeron nuestras instituciones siguen marcando la vida de cientos de familias?

Estas preguntas nos ayudan a no normalizar una situación que, para algunos, parece pasar de moda como tema de conversación, pero que sigue ahí. No desaparece porque dejemos de hablar de ella. No podemos aceptar que la libertad de estas personas se convierta en un asunto pendiente, en una ficha de negociación o en una promesa para después de las elecciones.

La libertad no puede esperar. Ningún venezolano debería pasar un día más en prisión por pensar distinto, por incomodar a un político o sin que exista una justificación jurídica válida para mantenerlo detenido.

¿Y quién determina si esa justificación existe? El Poder Judicial, cuyo máximo órgano rector es el Tribunal Supremo de Justicia.

La primera tarea del nuevo Tribunal Supremo de Justicia

En vísperas de la renovación del Tribunal Supremo de Justicia, prevista para diciembre, debemos plantear una exigencia clara a los futuros magistrados y a quienes participan en la mesa de negociación: antes de concentrar todos los esfuerzos en la renovación del Consejo Nacional Electoral y la convocatoria de elecciones, la primera prioridad debe ser devolverles la libertad a los venezolanos injustamente detenidos.

Porque, con voluntad institucional y utilizando las herramientas que ya contempla nuestro ordenamiento jurídico, es posible trabajar para que el 2026 termine con todos los presos políticos en libertad.

Para ello, propongo que la nueva Sala Plena impulse un Plan Nacional Extraordinario de Restablecimiento de la Libertad Personal y Revisión de Privaciones de Libertad Arbitrarias.

La Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia le otorgan al TSJ facultades de dirección, gobierno, inspección y supervisión del Poder Judicial. Esas atribuciones deben ponerse al servicio de esta emergencia mediante la creación de una Unidad Nacional de Revisión de Detenciones, como estructura técnica de apoyo y coordinación, organizada en cuatro equipos de trabajo:

Equipo civil: revisión de causas penales ordinarias, expedientes políticos y procesos por delitos comunes cuando existan indicios de instrumentalización política.

Equipo militar: revisión de expedientes de militares detenidos, incluyendo el análisis de la competencia de la jurisdicción militar y el respeto de las garantías procesales.

Equipo constitucional y extraordinario: identificación de violaciones de derechos fundamentales, preparación de solicitudes de amparo y revisión constitucional, y evaluación de los casos en los que proceda el avocamiento del Tribunal Supremo.

Equipo de ejecución y seguimiento: verificación del cumplimiento de las decisiones judiciales, coordinación con los centros de reclusión y seguimiento efectivo de las excarcelaciones.

La Unidad tendría además una función central de recepción, registro, clasificación y documentación de todos los casos. No sería un nuevo tribunal ni tendría facultad para ordenar excarcelaciones por sí misma. Sería una estructura técnica que permita a la Sala Plena coordinar la revisión, identificar irregularidades y garantizar que los tribunales competentes atiendan cada expediente con la urgencia que merece.

El objetivo no es sustituir a los jueces ni decretar liberaciones indiscriminadas. Es utilizar todas las herramientas disponibles para que ningún caso quede sin revisar y ninguna privación de libertad injustificada continúe por negligencia, indiferencia o conveniencia política.

El trabajo debe desarrollarse en dos etapas: primero, recuperar la libertad de quienes no tienen justificación legal para permanecer detenidos, mediante las decisiones judiciales que correspondan; después, resolver definitivamente las causas a través de sobreseimientos, nulidades, amnistías, revisiones de sentencias y demás mecanismos previstos en la ley.

Tampoco pueden utilizarse las vacaciones judiciales como excusa para retrasar esta tarea. El artículo 156 del Código Orgánico Procesal Penal establece que la administración de justicia penal es una función permanente y no puede interrumpirse por vacaciones colectivas. La nueva Sala Plena debe garantizar que las solicitudes relacionadas con la libertad personal sigan siendo atendidas.

No hay democracia con presos políticos

La renovación del Tribunal Supremo no puede ser simplemente un cambio de magistrados. Tiene que representar el comienzo de una justicia que deje de perseguir, que respete la Constitución y que entienda que detrás de cada expediente hay un ser humano cuyos derechos no pueden seguir siendo vulnerados.

La meta debe ser concreta: que los venezolanos injustamente detenidos puedan terminar el 2026 en libertad y que durante 2027 no quede ninguna persona en prisión por motivos políticos ni sometida a una privación de libertad plena sin fundamento legal.

A quienes están negociando el futuro del país y a quienes próximamente tendrán en sus manos la responsabilidad de administrar justicia, hay que decirles: las elecciones son indispensables, pero no pueden estar por encima de la libertad y la dignidad humana.

No se trata sobre dudar de la dirigencia que hoy representa a la oposición legítima en el proceso de negociación, porque probablemente tienen toda la voluntad de que esto llegue a buen puerto. Pero también creo que los ciudadanos tenemos la responsabilidad de participar, exigir y empujar para que se tomen las decisiones correctas. Que este proceso de transición termine de la mejor manera depende de todos nosotros, no solamente de quienes están sentados en una mesa.

La primera señal de que Venezuela está cambiando no debería ser el anuncio de una fecha electoral. Debería ser la apertura de las cárceles para quienes nunca debieron estar allí.

Este artículo se publicó originalmente en el substack José A. Figueroa S.

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