Juan Miguel Matheus: El desmantelamiento de la dictadura judicial (III)
Caracas, 05 de octubre de 2026.- La transformación del sistema de justicia venezolano ha entrado en una fase decisiva. Los acuerdos alcanzados en la Mesa de Conversaciones comienzan a traducirse en actuaciones institucionales concretas. La conformación de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales y la apertura del procedimiento para incorporar a los representantes de la sociedad civil permiten avanzar hacia la renovación integral del Tribunal Supremo de Justicia.
El siguiente paso, de especial importancia, es la publicación del cronograma integral que hemos acordado comunicar al país.
El cronograma tiene una significación que trasciende la ordenación administrativa de un procedimiento. Después de tantos años de arbitrariedad, los venezolanos necesitamos recuperar la certeza sobre el funcionamiento de nuestras instituciones.
Saber qué ocurrirá, cuándo ocurrirá, quiénes tienen la responsabilidad de actuar y cuáles son las reglas aplicables constituye una garantía elemental de seguridad jurídica. Los plazos públicos permiten ejercer el control ciudadano sobre las decisiones del poder.
Por eso, hemos insistido en que el cronograma comprenda todas las etapas del procedimiento, desde la conformación de la Comisión Preliminar y la incorporación de los representantes de la sociedad civil hasta la designación y juramentación de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
La aspiración compartida es que Venezuela pueda culminar este proceso hacia mediados de diciembre, con apego a las exigencias constitucionales y legales.
La publicación de ese itinerario permitirá, además, que los distintos sectores del país organicen su participación y hagan seguimiento al cumplimiento de los compromisos alcanzados. Cada etapa tendrá sus responsables y sus plazos. Cada decisión podrá ser examinada públicamente.
Así comienza a recuperarse la previsibilidad institucional que durante años fue sustituida por la discrecionalidad del poder.
La transformación del sistema de justicia venezolano ha entrado en una fase decisiva. Los acuerdos alcanzados en la Mesa de Conversaciones comienzan a traducirse en actuaciones institucionales concretas. La conformación de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales y la apertura del procedimiento para incorporar a los representantes de la sociedad civil permiten avanzar hacia la renovación integral del Tribunal Supremo de Justicia.
El siguiente paso, de especial importancia, es la publicación del cronograma integral que hemos acordado comunicar al país.
El cronograma tiene una significación que trasciende la ordenación administrativa de un procedimiento. Después de tantos años de arbitrariedad, los venezolanos necesitamos recuperar la certeza sobre el funcionamiento de nuestras instituciones.
Saber qué ocurrirá, cuándo ocurrirá, quiénes tienen la responsabilidad de actuar y cuáles son las reglas aplicables constituye una garantía elemental de seguridad jurídica. Los plazos públicos permiten ejercer el control ciudadano sobre las decisiones del poder.
Por eso, hemos insistido en que el cronograma comprenda todas las etapas del procedimiento, desde la conformación de la Comisión Preliminar y la incorporación de los representantes de la sociedad civil hasta la designación y juramentación de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
La aspiración compartida es que Venezuela pueda culminar este proceso hacia mediados de diciembre, con apego a las exigencias constitucionales y legales.
La publicación de ese itinerario permitirá, además, que los distintos sectores del país organicen su participación y hagan seguimiento al cumplimiento de los compromisos alcanzados. Cada etapa tendrá sus responsables y sus plazos. Cada decisión podrá ser examinada públicamente.
Así comienza a recuperarse la previsibilidad institucional que durante años fue sustituida por la discrecionalidad del poder.
La renovación integral del Tribunal Supremo de Justicia constituye el punto de partida de una tarea que deberá alcanzar también a la justicia ordinaria, al Ministerio Público y a los demás órganos del sistema de justicia previsto en el artículo 253 de la Constitución.
De allí la importancia de acompañar este proceso con sentido crítico y responsabilidad republicana. Los abogados, profesores y fiscales que permanecen en las 24 entidades federales, junto con nuestra enorme diáspora jurídica tienen que involucrarse.
Venezuela dispone de una reserva extraordinaria de talento jurídico que debe ponerse al servicio de la reconstrucción institucional. Es tiempo de participar, presentar candidaturas, examinar credenciales y contribuir al escrutinio público de cada etapa.
La negociación política promovida por los Estados Unidos ha permitido abrir este camino. Ahora corresponde convertir los acuerdos en resultados verificables. El cumplimiento del cronograma será una medida concreta de la seriedad de los compromisos asumidos y de la capacidad de las instituciones para responder ante los ciudadanos.
La independencia judicial será indispensable para garantizar los derechos fundamentales, recuperar la seguridad jurídica y hacer posible que la soberanía popular pueda expresarse y ser respetada. Tenemos por delante una oportunidad que merece toda nuestra atención y nuestro esfuerzo.
La reconstrucción de la justicia venezolana necesita a los mejores juristas del país y la participación vigilante de toda la sociedad.
Este artículo fue publicado originalmente en TalCualDigital